La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investigará las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020.
Los familiares y allegados de las víctimas llevan más de tres años luchando por llevar ante los tribunales a las autoridades regionales, a las que consideran como responsables.
La petición partía de Marea de Residencias, una de las asociaciones en las que se han organizado los familiares de los fallecidos. Dos de sus portavoces, María Jesús Valero y Carmen López, fueron las responsables de exponer ante la comisión su petición.
«Fueron víctimas de un sistema caduco y perverso que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias», relató López durante una intervención en la que aseguró que «la pandemia sacó a la superficie todo lo que había detrás de las residencias», que los familiares llevaban años denunciando.
López, que tildó de «masacre» lo ocurrido en las residencias, aseveró que la situación «fue consecuencia en gran medida de la situación anterior que existía» en esos recintos, caracterizados por la precariedad, falta endémica de personal, décadas de infrafinanciación y una mercantilización del servicio, mediante la concesión de plazas públicas a empresas privadas, que derivaron en una panorama de hacinamiento para los usuarios.
En los primeros compases de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, murieron en Madrid 7.291 personas mayores sin recibir asistencia sanitaria, debido a un protocolo establecido en la Comunidad de Madrid que impedía trasladar a centros hospitalarios a los residentes más vulnerables. Ese documento se conoce como ‘el protocolo de la vergüenza’.
