Por primera vez México permitirá que casi 93.000 personas que están en prisión preventiva en 282 cárceles del país voten en las elecciones presidenciales de 2024, decidió hoy el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Con los lineamientos para el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, el @INEMexico (INE) maximiza el derecho a la participación de las y los ciudadanos en las #Elecciones2024MX”, informó el organismo autónomo en la red social X.
Hasta ahora, esto solo era posible a nivel estatal y en 2021 los reclusos votaron en las elecciones a diputados federales.
“Con esta propuesta se contribuye a la promoción, respeto, protección y garantía de derecho al voto de las personas en prisión preventiva y en consecuencia se fortalece el ejercicio a sus derechos humanos”, sostuvo en la sesión el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Las personas que están privadas de la libertad podrán votar en las presidenciales, pero lo harán de forma anticipada, del 6 al 20 de mayo de 2024, y en aquellas entidades que tengan legislado dicho ejercicio podrán hacerlo también para cargos locales.
En el caso de Ciudad de México podrán votar para la jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías; en Chiapas por la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, mientras que en Hidalgo por gobiernos municipales.
El INE precisó que el escrutinio y cómputo de la votación se realizará en las mesas aprobadas por los consejos distritales, mientras que la incorporación de los resultados a los sistemas electorales lo realizarán el Instituto y los organismos públicos locales conforme a cada tipo de elección.
A los presos que quieran participar se les incluirá en la Lista Nominal, pero no se les entregará credencial físicamente y se considerará como domicilio el Centro Penitenciario en el que estén recluidos.
Desde 2019 las autoridades electorales organizaron una primera prueba piloto para garantizar este derecho a esta población.
Esto por la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en 2019 resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otro ciudadano, aunque pierden esta garantía por su condición jurídica, según las leyes mexicanas.
En ese mismo orden, el INE llevó a cabo una prueba piloto en 2021 para garantizar dicha prerrogativa, lo que tuvo un resultado de participación superior al 94 % en cinco centros penitenciarios mexicanos.
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