Los contratos de compra que firmó el Gobierno chileno con las farmacéuticas que desarrollan vacunas contra el coronavirus protegen legalmente a dichas compañías de responsabilidades, en caso del eventual riesgo sanitario al que podrían exponerse las personas inoculadas, informa La Tercera.
En consecuencia, si alguien se vacuna y luego tiene un impacto negativo en su salud o hasta muere, el individuo afectado o su familia no conseguirán que el fabricante del fármaco usado responda ante acciones legales, por lo que tendrían que presentar una demanda contra el Estado, ya que fue el Gobierno quien autorizó el uso de la vacuna.
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