República Dominicana. – El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, denunció este viernes ante la Procuraduría General de la República (PGR) la injerencia del gobierno central en las elecciones del gremio, en un intento de influenciar en los resultados finales, recurriendo al chantaje a los profesionales del Derecho que son empleados públicos, obligándolos a votar por un determinado candidato, bajo pena de ser cancelados de sus puestos.
Hernández indicó que las maniobras del Gobierno por favorecer a su candidato incluyeron, además, la utilización generalizada de militares y policías abogados, a quienes se les ordenó, de manera específica durante reuniones celebradas en los recintos militares, votar por la plancha número 7.
«Lamentamos que la Policía Nacional en lugar de cumplir su rol de ser garante de la seguridad de todos los actores en el proceso electoral, incluyendo la Comisión Nacional Electoral, se constituyó en un instrumento cómplice de abuso, que permitió el secuestro de los miembros de dicha Comisión por más de cinco horas, desde las nueve de la noche del 2 de diciembre hasta las 3:30 de la madrugada del domingo 3 de diciembre y que culminó con la agresión a trompadas por parte de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, del miembro del organismo electoral, Luis Yepez Suncar, como una forma de incidentar el boletín final», manifestó Surun Hernández.
El gremialista indicó que la Policía Nacional no sólo sirvió de soporte a las turbas que dañaron y agredieron los vehículos y a los miembros de la Comisión Electoral, sino que de manera ilegal, inconstitucional y sin orden judicial alguna mantienen secuestrado el edificio de la Escuela Nacional del Abogado, donde funciona la Comisión y donde se resguardan los materiales utilizados en el proceso recién transcurrido, «lo cual nos da una señal del nivel de abuso que hubo, máxime cuando tomamos en cuenta la denuncia al respecto del notario Manuel Emilio Méndez, quién notarizó el contrato de alianza suscrito entre Diego José García y Trajano Vidal Potentini, cuyas firmas fueron confirmadas por ambos».
«Según ha trascendido, dicho notario habría sido extorsionado para que niegue su propia firma en un contrato donde tal y como refiere un video de una llamada efectuada al mismo sitio, lo único que hizo fue notarizar ese contrato y quien confirmó su firma y sello en cada una de las páginas, pero por temor a sanciones se vio obligado a mentir», sostuvo el gremialista.
El profesional del Derecho pidió, además, que se investigue la denuncia de que a favor del candidato oficialista, que encabezó la plancha 7, fueron invertidos más de 300 millones de pesos, usados para comprar dirigentes de la oposición, tal como fue confirmado por el el dirigente peledeísta Diego José García.
Indicó que García, en el programa de radio El Sol de la Mañana confesó que le habían entregado cuatro millones de pesos para apoyar a Johan López, lo cual no sólo constituye un delito de lavado de activos previsto y sancionado en la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sino que además da una idea del origen espurio de esos fondos que alegadamente provienen de las arcas del Estado dominicano.
Surun Hernández demandó de la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir para que les sea devuelto de manera inmediata el edificio, propiedad de la Escuela Nacional del Abogado.
¿Y si el Gobierno tiene derecho a intervenir en el Colegio de Abogados? ¡Polémico!
¡Claro que no! El Gobierno no debería intervenir en el Colegio de Abogados. La independencia y autonomía de los colegios profesionales son fundamentales para garantizar el ejercicio libre de la profesión. ¡No podemos permitir intromisiones que pongan en riesgo la justicia y la imparcialidad!
¡Qué exageración! El Gobierno tiene derecho a supervisar procesos electorales. ¡Viva la transparencia!
¡Claro que el Gobierno tiene derecho a supervisar, pero no a manipular! La transparencia es clave, pero la independencia y la imparcialidad en los procesos electorales también lo son. Cuidado con confundir control con intervención. ¡Democracia real es lo que necesitamos!
¿Y si el Gobierno necesita intervenir para garantizar elecciones justas? ¡Polémico, lo sé!
Si el Gobierno interviene para garantizar elecciones justas, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Acaso no es más peligroso permitir que un poder político manipule el proceso electoral? La verdadera justicia radica en la transparencia y la imparcialidad, no en la intervención gubernamental.
¿Y si la intervención del Gobierno en las elecciones es necesaria para garantizar transparencia?
¿Y si la injerencia del Gobierno en las elecciones del Colegio de Abogados es necesaria?
¡La injerencia del Gobierno en las elecciones del Colegio de Abogados es una clara violación a la independencia y democracia de la institución! Debe ser el gremio quien elija a sus representantes, no el Gobierno. ¡No a la manipulación política en la elección de abogados!
¡Qué exageración! Seguro es una estrategia política para desviar la atención.
Esta gente tienen un lio feo
La presión sobre el notario Méndez destaca la importancia de proteger la integridad de los profesionales que cumplen con su deber de manera objetiva.
El llamado a la Procuraduría para investigar el origen de los fondos utilizados en la campaña refleja la necesidad de esclarecer posibles violaciones legales.
La confesión de recibir cuatro millones de pesos plantea preguntas sobre la ética y legalidad de las transacciones en el ámbito político.
La retención ilegal de materiales electorales muestra una clara violación a los principios democráticos y debe ser abordada con prontitud.
La confesión de extorsión al notario Méndez resalta la necesidad de proteger a los profesionales del Derecho de presiones indebidas.
La Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad crucial de investigar y abordar las irregularidades denunciadas para restaurar la confianza en el proceso electoral.
La solicitud de investigación sobre la inversión de más de 300 millones de pesos a favor de un candidato oficialista plantea serias preguntas sobre el financiamiento de la campaña.
La denuncia de extorsión al notario Manuel Emilio Méndez subraya la presión indebida ejercida para alterar la verdad y ocultar firmas confirmadas en un contrato.
La agresión a un miembro de la Comisión Electoral refuerza la gravedad de la situación, mostrando un claro intento de perturbar el desarrollo del proceso y desacreditar los resultados.
El secuestro del edificio de la Escuela Nacional del Abogado y la retención ilegal de materiales electorales indican un nivel alarmante de abuso y falta de respeto por las instituciones.
La Policía Nacional, en lugar de garantizar la seguridad durante el proceso electoral, se ha convertido en un instrumento cuestionable al permitir secuestros y agresiones a miembros de la Comisión Electoral.
La participación de militares y policías abogados, con órdenes específicas de votar por una plancha determinada, plantea serias dudas sobre la independencia y transparencia de las elecciones.
El uso de chantaje a abogados empleados públicos para influenciar en los resultados electorales es una práctica inaceptable que socava la integridad del proceso.