República Dominicana.- Residentes del municipio Los Negros en Azua se manifestaron este jueves frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para exigir a la procuradora, Miriam Germán Brito, que de curso inmediato a la solicitud de querella y medida cautelar de urgencia, requerida por los más de 200 demandantes en contra del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Miguel Ceara Hatton y otros funcionarios que autorizaron el funcionamiento de las Barcazas de Karpowership en la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo Azua.
En este sentido, el comunitario Adalberto Beltre, hizo un llamado directo a Mirian Germán para que «no se haga cómplice de un crimen ambiental como el perpetrado por los imputados con la instalación de esas barcazas en un área protegida y al lado de una comunidad, sin que dichas barcazas tengan ningún tipo de filtros».
«Una comunidad como la nuestra de pescadores y agricultores no se merece que nos estén matando a plazo y los responsables de parar esto no hagan nada, se hagan los indiferentes con el dolor y la desgracia del otro provocado por un grupo para ganar dinero a expensa de la vida de nosotros», agregó Beltré.
Por su parte el jurista ambiental Euren Cuevas Medina, director Ejecutivo de INSAPROMA y que dirige la barra de la defensa de las víctimas de contaminación ambiental, dijo que no solo es un crimen poner las barcazas en esa zona protegida y en esa comunidad, si no, peor aún que las autoridades que el pueblo les paga con sus impuestos para que protejan el patrimonio público como las áreas protegidas y la salud de la gente, pues no hagan nada para detenerlo.
«Desde el 28 de noviembre del años pasado, se ha solicitado una medida cautelar de urgencia por los 3 grandes siniestros que han provocado las barcazas, con más de diez (10) pruebas contundentes, incluyendo un informe de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, dos informes del mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, están matando el tiempo, en lo que se enferman y se mueren las víctimas de Los Negros, niños y ancianos muriendo con los pulmones negros del humo producido por el combustible bunker c», dijo el abogado.
El abogado Cuevas pidió a la procuradora que «no se haga la indiferente con este crimen y los demás que se están cometiendo en todo el país en los ríos con la extracción de agregados, ocupación de áreas protegidas y el no actuar a tiempo de manera oportuna conforme al artículo 8 de la Ley No. 64-00 es un crimen que puede condenarse hasta con 10 años de prisión para el funcionario público que no actúe, que se haga el sueco, como en el caso de daño a manglar y corales.
En la manifestación participaron la Unión Anti-Barcazas de Los Negros de Azua, la Red Socio-ambiental y el Instituto de Abogados para la protección del Medio.
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