República Dominicana .- A pesar de que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana a cambio de contrataciones de obras, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, dejando el «caso de corrupción» sin sanciones en el país.
La sentencia, dada a conocer el pasado viernes y pronunciada el 31 de julio, además ordena la devolución de todos los bienes que les fueron incautados a los imputados, así como el levantamiento de toda restricción de movilidad personal y de fondos, entre otras medidas.
En sus motivaciones para acoger el recurso de casación interpuesto por Díaz Rúa y Rondón, la SCJ, presidida por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, planteó que el tribunal de juicio y la Corte de Apelación violaron la Constitución y las leyes, cometieron mala interpretación, invirtieron el fardo de la prueba, incurrieron en contradicciones, inferencias, falta de motivación y otras falencias.
Esta resolución rechaza el recurso de casación presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por Wilson Camacho, y confirma la absolución de responsabilidad penal para Conrado Pittaluga Arzeno.
El caso Odebrecht se inició el 29 de mayo de 2017, con los arrestos de figuras como Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista, expresidente del Senado; Temístocles Montás, exministro de Economía; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); y otros altos funcionarios y empresarios.
Sin embargo, la reciente sentencia de la SCJ anula las condenas y deja sin castigo los actos de corrupción admitidos por Odebrecht, generando controversia y descontento en la sociedad dominicana.











Claro si esa fue la suprema que dejo el pld se le debió dar un golpe de estado a la maldita justicia para frenar la corrupción cambiando todos los jueces corruptos y fiscales bandidos
Que relajo es la justicia dominicana
Se cae a partir de este momento la reacción de los influyentes medios de comunicación con relación a la modificación constitucional y se asume como tema del momento la absolución de estos dos personajes. Un tema, saca otro.
Solo falta condecorarlos en el palacio Nacional
Esto significa que ODEBRECH quien expresó que pago en sobornos US$ 92 millones, para sobornar a funcionarios LADRONES para q les adjudiquen obras, ellos sobrevaluarlas y pagarles con eso, la ASQUEROSA SUPREMA CORTE d JUSTICIA que tenemos, revoco una sentencia, hay q inmolarse.
¿Y ahora qué? Los pobres siguen jodidos y los ricos siguen gozando.»
Eso fue lo que compraron con esos 92 millones, la libertad de to’ esos tigueres.»
Pa’lante, pa’trás y pa’l centro, pero el pueblo sigue de lao’ viendo como le tumban su cuarto.»
Ahí se ve que la corrupción llega hasta la justicia. Tamo mal, mi hermano.»
Eso no es justicia, eso es un circo montado. ¡Qué vergüenza.
Pa’ que veas, el que tiene cuarto aquí hace lo que le da la gana.»
Lo que uno ve en este país, increíble. Se roban millones y se van tranquilos pa’ su casa.»
«Eso es un relajo, manito! ¿Cómo van a dejar eso así, sin ni uno preso?
La justicia pa cuando?
Y todo lo que se robaron?
En este país andan los ladrones de corbata sueltos por ahí…
Aquí son el final…
Y te sorprende?
La noticia puede influir en la percepción internacional sobre la gobernanza en República Dominicana, afectando la imagen del país ante inversores y organismos internacionales que monitorean la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La decisión probablemente generará reacciones políticas intensas, con diferentes actores políticos y sociales demandando respuestas y explicaciones, lo que podría llevar a un debate sobre la reforma del sistema judicial.
reacciones políticas intensas, con diferentes actores políticos y sociales demandando respuestas y explicaciones, lo que podría llevar a un debate sobre la reforma del sistema judicial.
Esta decisión podría ser vista como un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que podría desincentivar futuros esfuerzos por combatir prácticas corruptas si las sanciones no se mantienen.