Singapur mantiene una política estricta contra las drogas, incluyendo la pena de muerte obligatoria para quienes suministran ciertas cantidades de sustancias ilegales, como el cannabis. Esta semana, un hombre fue ejecutado, sumando un total de cuatro ejecuciones en el año.
A pesar de que muchos países han despenalizado la marihuana, Singapur continúa con su enfoque inflexible, considerando la guerra contra las drogas como una «batalla existencial».
El ministro del Interior, K. Shanmugam, argumenta que la severidad de las penas actúa como un disuasivo esencial en un contexto donde el narcotráfico es una amenaza creciente.
Las condiciones en la prisión de Changi, donde se recluyen más de 10,000 prisioneros, son descritas como duras, con celdas mínimas y un clima extremo.
Los reclusos, como Matthew, un exmaestro condenado por tráfico de metanfetamina, enfrentan condiciones de vida difíciles y una falta de rehabilitación efectiva para los condenados a muerte.
Las autoridades afirman que el régimen carcelario está diseñado para ser severo y que los castigos drásticos son necesarios para mantener el orden y la seguridad en la ciudad-Estado.
Mientras el gobierno defiende su enfoque, algunos activistas critican la pena de muerte, argumentando que no resuelve el problema del narcotráfico y afecta desproporcionadamente a las personas marginadas.
Familias de los condenados, como Halinda, buscan cambios en las leyes para dar una segunda oportunidad a sus seres queridos. A pesar del apoyo público a la política de drogas, algunos expertos sugieren que la amenaza de la pena de muerte puede no estar funcionando como un verdadero disuasivo, dado el aumento de los arrestos por delitos relacionados con las drogas.
