República Dominicana. – Tras cinco horas de deliberación, la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete de los diez policías acusados de sustraer municiones de la Policía Nacional. Los imputados cumplirán la medida en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Medidas para los implicados
A otros tres policías se les impuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, mientras que, a la civil Miguelina Bello Segura, involucrada en el caso, se le otorgó prisión domiciliaria en Pedernales.
Prisión preventiva:
• Coronel Narciso Antonio Féliz Romero
• Subintendente Juan Miguel Pérez Soler
• Capitán Nelson Valdez
• Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio
• Cabo Juan Luis Díaz Medina
• Raso Rubiel Martínez
• Raso Moreibin Medina Pérez
Medidas cautelares con garantía económica:
• Capitán Víctor Manuel Santos (3 millones de pesos)
• Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat (2 millones de pesos)
Según el Ministerio Público, los acusados sustrajeron más de 1 millón de municiones de diversos calibres, incluyendo cartuchos y cápsulas, así como gases lacrimógenos y proyectiles. El robo habría afectado al Estado dominicano en más de 64 millones de pesos en un año.
Las municiones eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y presuntamente vendidas, incluso a compradores haitianos. La operación Pandora, que destapó el caso, involucró a más de 200 agentes y 40 fiscales en allanamientos realizados en diversas provincias.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), expresó satisfacción con el fallo y destacó la gravedad de los hechos. Además, señaló que la jueza declaró el caso como complejo. “Los miembros de la Policía traicionaron su uniforme, su institución y al país”, enfatizó.
La defensa de los acusados anunció que apelará la decisión, calificándola de “abusiva”. Según Vinicio Aquino, abogado de varios imputados, el Ministerio Público tiene ocho meses para presentar nuevas pruebas que sustenten el caso.
