El gobierno de Donald Trump ha anunciado un plan de indemnización para incentivar la renuncia de hasta dos millones de trabajadores federales, con la esperanza de reducir el tamaño del gobierno y generar un ahorro de 100,000 millones de dólares.
La oferta, que excluye a militares, personal del Servicio Postal y empleados de seguridad nacional, permite a los funcionarios recibir hasta ocho meses de salario si dimiten antes del 6 de febrero.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración para reformar la burocracia federal y reducir costos operativos.
La propuesta ha generado una fuerte reacción por parte de sindicatos y expertos, quienes advierten sobre el impacto negativo en la prestación de servicios públicos.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) alertó que la reducción masiva de personal podría provocar un “caos” en la administración y afectar a millones de ciudadanos que dependen del gobierno para programas esenciales.
Además, señalan que el número de empleados públicos no ha aumentado significativamente desde 1970, mientras que la demanda de servicios gubernamentales sí lo ha hecho.
Este anuncio se suma a otras medidas de la administración Trump que han generado polémica en el sector público. Desde su primer día en el cargo, el presidente firmó órdenes ejecutivas para obligar el regreso al trabajo presencial, congelar la contratación federal y desmantelar iniciativas de diversidad impulsadas por Joe Biden.
Mientras el plazo para la “dimisión diferida” se acerca, el futuro de la burocracia estadounidense queda en incertidumbre, con posibles efectos en la eficiencia del gobierno y en la vida de los ciudadanos.
