El gobierno de Donald Trump despidió este viernes a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desmantelando servicios clave relacionados con inmigración.
Más de 100 empleados fueron notificados de que tienen 60 días para encontrar otro empleo dentro de la administración o serán despedidos en mayo. Entre las oficinas afectadas están la de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Estas agencias internas, que supervisaban la política migratoria, investigaban quejas y garantizaban los derechos de inmigrantes en detención, menores migrantes y trámites de ciudadanía.
El DHS justificó los despidos alegando que estas oficinas «obstaculizaban» la aplicación de la ley migratoria y ralentizaban sus operaciones con trabas burocráticas. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la medida busca optimizar recursos y enfocarse en seguridad fronteriza y control migratorio.
La decisión es parte de los esfuerzos de Trump por debilitar divisiones de derechos civiles dentro de las agencias gubernamentales. Sus críticos ven esto como un ataque a la supervisión interna y a los derechos de los inmigrantes, mientras que sus aliados defienden la medida como una forma de eliminar barreras que dificultan el cumplimiento de las leyes migratorias.
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