La Justicia chilena ha dado un paso histórico al procesar, por primera vez, a presuntos responsables de la sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ordenó la prisión preventiva de cinco personas acusadas de integrar una red que operaba en la comuna de San Fernando, dedicada a la adopción irregular de menores entregados a matrimonios extranjeros. Los delitos imputados son asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa.
Los procesados fueron identificados como:
• Ivonne Gutiérrez Pávez
• Ismael Moisés Espinoza León
• Carlos Sigisfredo Vega Segura
• Laura Rosa Silva Sánchez
• Sylvia Clara Vilches Rojas
Según el comunicado del Poder Judicial, las investigaciones determinaron que durante la década de 1980 operó una red compuesta por abogados, sacerdotes católicos, funcionarios de salud, integrantes de organizaciones sociales y una jueza. El objetivo era detectar y separar a menores de madres en condiciones de pobreza para luego entregarlos en adopción a parejas extranjeras, a cambio de pagos que podían alcanzar hasta 50.000 dólares.
El magistrado Aguilar Brevis rechazó la prescripción de los hechos, argumentando que se trata de delitos de lesa humanidad cometidos bajo un régimen militar, los cuales deben ser sancionados de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La supuesta líder de la red, Ivonne Gutiérrez Pávez, se desempeñaba entonces como jueza de Menores en San Fernando y actualmente reside en Israel. Por esta razón, el juez solicitó a la Corte Suprema de Chile su extradición, invocando el Convenio Europeo de Extradición, recientemente ratificado por ambos países.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la medida judicial como “una pequeña luz de esperanza para quienes han luchado durante años en busca de justicia”. No obstante, subrayó que “no basta con la persecución penal”, y que el Estado debe asumir un rol activo en el reencuentro de las familias.
Actualmente, se lleva a cabo un proceso de levantamiento de información, con apoyo de la cooperación internacional para avanzar en la identificación y localización de las víctimas.
De acuerdo con reportes citados por Meganoticias, se estima que unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias extranjeras durante la dictadura de Pinochet. De ellos, alrededor de 1.000 han logrado reencontrarse con sus parientes biológicos.
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eso debieron hacerlo hace tiempo porque eso fue un crimen contra familias enteras
por fin la justicia chilena está sacando la cara y dándole voz a los que sufrieron
esos niños fueron robados con uniforme y documentos falsos eso no se puede quedar así