República Dominicana.- El escándalo que rodea al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), una pregunta flota sobre todas las demás: ¿cómo es posible que la misma institución que autoriza los pagos del Estado —la Contraloría General de la República— sea ahora la que denuncia irregularidades por esos mismos pagos?
El caso involucra a la empresa Dekolor, SRL, que desde 2005 ha tenido a su cargo la emisión de licencias de conducir. Ahora enfrenta una querella por parte del Intrant y una investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría, que asegura haber encontrado “graves irregularidades” en los contratos, sus adendas, y hasta en la forma en que se cobraban los servicios. ¿Ahora?
Pero el problema va más allá de una empresa y sus ejecutivos. Lo que queda expuesto aquí es un modelo de gestión pública donde las instituciones actúan tarde, a conveniencia o como si recién descubrieran lo que ellas mismas aprobaron.
La Contraloría no puede jugar a ser árbitro cuando ha sido parte del juego. Todas las instituciones públicas están sujetas a su supervisión. Nada se paga sin su autorización. Entonces, ¿en qué momento se dio cuenta de que algo estaba mal? ¿Antes o después de firmar?
Lo que llama la atención no es solo la magnitud del contrato —más de 936 millones de pesos—, sino que las adendas millonarias, los aumentos sin justificación técnica y los pagos bajo términos contractuales no registrados, pasaron por el filtro estatal sin mayores trabas.
Ahora, la Contraloría remite su informe a la Procuraduría General como si no tuviera responsabilidad alguna. Pero si los contratos eran opacos, ¿por qué se aprobaron? Y si no se revisaron a tiempo, ¿quién falló en el control?
Cámara de Cuentas: la institución invisible
Si la Contraloría está en el ojo del huracán, la Cámara de Cuentas simplemente no está; es invisible. La actual gestión de ese órgano ha logrado lo que parecía imposible: volverse irrelevante en medio de un país donde los escándalos de corrupción florecen. La anterior, con todos sus conflictos y disputas internas, por lo menos hacía ruido. Esta nueva Cámara ni suena, ni aparece, ni fiscaliza.
Se supone que ese es su rol: auditar, detectar y alertar sobre estas anomalías. En lugar de eso, ha adoptado un perfil tan bajo que ya se habla de ella como “la cámara muda”. Si hay una institución que debería estar produciendo auditorías como la del contrato con Dekolor, es esta. Pero no hay rastro.
Este caso no solo expone una debilidad institucional: confirma que el sistema de control está políticamente anestesiado. La pregunta no es si los órganos fallaron, sino si alguna vez quisieron funcionar.
El modelo que se repite
El caso Dekolor no es un hecho aislado. El Intrant viene de otro escándalo aún no resuelto: el del contrato con Transcore Latam y los semáforos inteligentes, por más de 1,300 millones de pesos. Ese contrato también tenía vínculos con empresas como PagoRD Xchange SRL, que retuvo el 90% de las transacciones del sistema, dejando solo un 10% al Estado.
Ahora, nuevas revelaciones indican que ejecutivos de Dekolor habrían intentado sobornar al director actual del Intrant, Milton Morrison, con hasta un millón de dólares, además de regalos navideños y amenazas personales. Todo esto para garantizar la extensión de un contrato vencido.
¿Y entonces?
Las instituciones que deberían prevenir, fiscalizar y garantizar la transparencia están llegando tarde. En el caso Dekolor, la Contraloría aparece como denunciante, cuando en realidad debería estar dando explicaciones. La Cámara de Cuentas brilla por su ausencia. Y el sistema político parece más interesado en apagar incendios que en cerrar las válvulas por donde se escapan los millones.
Este no es un caso más de corrupción. Es una señal de advertencia: cuando quienes deben controlar son los mismos que aprueban sin ver, el problema no es el ladrón. Es la puerta que dejamos abierta.
Yo lo que veo es que aquí solo actúan cuando el escándalo sale en la prensa. Mientras tanto, todo pasa por debajo de la mesa.
Entonces ellos firman, pagan y después se quejan… ¿de quién? ¡De ellos mismos! Este país es una tragicomedia.
La Contraloría sabía de todo eso desde el día uno. Pero ahora se lavan las manos como Pilato. ¡Qué bulto!
Eso es como si tú firmas un cheque sin leerlo y después te haces el sorprendido. ¿Y ahora quieren hacerse los serios?
Simplemente respaldo oficial
Ah mira que bien esta sociedad cada vez más perdida qué un reloj de a peso
Solo en RD pasan estas cosas , nos siguen tratando como bobos
Mientras el pueblo pelea por arroz caro, hay gente que firma millones y soborno
Aquí la institucionalidad no existe eso e puro disfraz pa seguir tumbando con flow
El que firmó esa vaina seguro hoy ta dando cátedra de ética en una universidad
Al final Dekolor no vendía licencias vendía silencio con delivery incluido
Esos 936 millones pasaron por más manos que un billete de a 20 en colmado
La Cámara de Cuentas ta más perdida que el PIN de una tarjeta vieja
El sistema ta tan podrío que el que denuncia era parte del tumbe desde el inicio
Esa vaina de Dekolor suena más a chantaje fallido que a contrato vencido
Aquí se roban hasta la verificación y después piden auditoría con lágrimas de cocodrilo
La Contraloría hizo el loco con contrato en mano y ahora quiere hacer bulto de fiscalizadora
Es evidente que hay un desorden interno. La Contraloría debería ser un ejemplo de transparencia, y ahora parece más un nido de conflictos de intereses. ¿Dónde quedó la supervisión real?
El problema de fondo es la falta de voluntad para limpiar la casa. Siempre anuncian investigaciones, pero nunca pasa nada. Es puro teatro institucional.
Hay empleados que llevan años denunciando irregularidades internas, pero todo queda en silencio. La impunidad es lo que no camina bien.