El estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022, decretado por la presidenta Xiomara Castro para frenar la criminalidad, ha derivado en denuncias de torturas, abusos y detenciones arbitrarias, según un informe presentado por la ONG Cristosal.
La organización, que también ha operado en El Salvador, sostiene que la medida ha incrementado la percepción de inseguridad y ha tenido un impacto negativo en la salud mental de la población, especialmente en grupos vulnerables. El informe, basado en más de cien entrevistas, describe casos de estigmatización de jóvenes por su vestimenta y uso de fuerza excesiva por parte de la policía.
El estado de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, ha sido prorrogado 19 veces, la mayoría sin aprobación del Congreso. Según datos oficiales, entre diciembre de 2022 y abril de 2025 se registraron 924 quejas por abusos policiales y se detuvo a 9,668 personas por diversos delitos.
Pese a las denuncias, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirma que la medida ha logrado reducir los homicidios en un 25 % en 2024, alcanzando la tasa más baja de la historia reciente (26.8 por cada 100,000 habitantes). Sin embargo, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional recuerda que el problema persiste: en 2023 la tasa fue de 34.5 y en 2022 de 38.2.
Cristosal advierte que, aunque el objetivo sea mejorar la seguridad, mantener medidas excepcionales sin control legislativo puede derivar en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y perpetuar la impunidad de las pandillas, que continúan extorsionando a comerciantes y controlando zonas enteras del país.
Arrestar sin orden judicial siempre es un riesgo pa’ los inocentes
No se puede justificar la tortura con la seguridad
Eso es delicado porque puede convertirse en abuso de poder