República Dominicana.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló este viernes la contratación directa realizada por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) con la empresa Farmacard, S.R.L., al considerar que violaba la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. La medida se adoptó tras una investigación solicitada por la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L.
Según la DGCP, el contrato no encuadra en ninguna de las excepciones legales y el servicio contratado tiene carácter administrativo y tecnológico, no de salud, por lo que debía someterse a un procedimiento competitivo. La investigación reveló que se vulneraron principios como legalidad, transparencia, igualdad, libre competencia y debido proceso.
Se detectó además un conflicto de interés: la firma de abogados Biaggi, S.R.L., consultada por SENASA para determinar la normativa aplicable, también representó a Farmacard en gestiones posteriores ante la DGCP.
La resolución RIC-0109-2025 establece que el contrato queda anulado, aunque podrá mantenerse vigente por 70 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio a los afiliados. Durante este periodo, SENASA deberá convocar un nuevo proceso competitivo a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), con seguimiento de la DGCP.
Carlos Pimentel Florenzán, director general de Contrataciones Públicas, subrayó que ninguna institución que maneje fondos públicos puede realizar contrataciones directas fuera de los casos permitidos por la ley, pues estas prácticas afectan la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos.
La resolución fue enviada a SENASA, a las partes involucradas, a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). La DGCP reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
Esperemos que el nuevo proceso competitivo realmente sea transparente y sin favoritismos, como exige la ley 340-06.
Que se investigue y sancione a quienes permiten estas irregularidades. La transparencia debe ser un principio, no una opción.
La continuidad del servicio es importante, pero lo prioritario es que se respete la competencia y la legalidad en cada contratación.
Si hay conflicto de interés y violación de la ley, entonces era correcto anular el contrato. Los recursos públicos no se pueden manejar así.
Es bueno ver que la DGCP actúa para garantizar transparencia, pero necesitamos que este tipo de prácticas ilegales se eviten desde el inicio.
Aquí ya no se sabe que sirve y no sirve