República Dominicana.- Cuando se habla de transparencia, lo mínimo que se espera de un alto funcionario es que declare completo su patrimonio. Pero el exministro de Educación, Ángel Hernández, se dio el lujo de “olvidar” una constructora vinculada a su esposa e hija, la misma que había comprado un terreno valorado en más de 31 millones de pesos en Las Terrenas.
La Dirección de Ética le creyó. Bastó una rectificación presentada meses después para archivar el expediente en 2023, como si se tratara de un simple error de redacción. Caso cerrado, según Milagros Ortiz Bosch.
¿Pero de verdad es tan simple? Adocco no lo cree así y llevó el expediente hasta Pepca. Y con razón: la omisión no es un par de muebles viejos o una cuenta con saldo olvidado, es una empresa familiar con transacciones millonarias.
La versión oficial es que como al momento de la primera declaración la constructora “no tenía activos”, no había nada que incluir. Pero la cronología no cuadra: la compra del terreno se formalizó en septiembre de 2022, antes de que Hernández entregara su declaración en febrero de 2023. ¿Error o cálculo?
La justicia dominicana tiene una larga tradición de archivar expedientes incómodos bajo el rótulo de “rectificación”. Es una jugada recurrente: el funcionario se defiende, dice que subsana, y todo el sistema se mueve rápido para declarar “caso cerrado”. Pero la sociedad se queda con la duda: ¿cuántos otros “olvidos” han pasado por debajo de la mesa?
Hernández hoy asegura ser víctima de difamación. Lo que no explica es por qué solo rectificó después de la denuncia. Ese detalle, más que victimizarlo, lo deja marcado con la pregunta que ningún archivo puede borrar: ¿qué tan transparente puede ser un exministro que olvida declarar lo más básico?
Transparencia de papel, eso es lo que hay en este país.
Juana Soriano
Cuando es un pobre que oculta 500 pesos lo destruyen, pero a ellos les archivan todo.
Con 31 millones cualquiera recuerda, menos un ministro parece.
Siempre es la misma excusa: rectificación. ¡Si no lo descubren, nunca lo dice!
Ese “olvido” costaba más que lo que gana un maestro en toda su vida, pero aquí lo ven como nada.
No fue error, fue estrategia. Y la justicia como siempre: ciega, sorda y muda cuando se trata de funcionarios.
Eso no es transparencia, eso es complicidad institucional. Milagros Ortiz Bosch tiene que dar más que una excusa barata.
Si fuera un pobre que no declara un motorcito en la DGII, lo trancan de una vez. Pero a un exministro se le perdona todo.
Aquí siempre lo mismo: archivan, rectifican y todo queda limpio. Mientras tanto, al pueblo se le exige hasta el último centavo en impuestos.
¿Un “olvido”? ¡Por favor! Nadie se olvida de una constructora millonaria. Eso fue cálculo frío y descarado.
el pueblo no es bruto cada vez que archivan un caso la desconfianza sube más
esa vaina deja la duda de cuántos otros funcionarios tienen empresas escondidas
hay que reconocer que al menos él salió a dar la cara aunque suene flojo
la justicia de aquí siempre da su vueltica cuando se trata de gente grande
coño pero son 31 millones no son dos pesos del colmado que se te olvidaron
si fue de verdad un olvido entonces debieron aclararlo con tiempo no cuando la olla sonó
la gente está cansá de esos archivos exprés que parecen un lavadero
hay que ver también si es verdad que fue un error porque cualquiera mete la pata
oye pero que casualidad que siempre recuerdan después que lo queman en la prensa
ta fuerte ese caso compai como que un ministro se le olvida una empresa entera