El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó el decreto que denuncia en su totalidad el Estatuto Migratorio con Venezuela, un acuerdo vigente desde hace quince años que permitía un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias a ciudadanos venezolanos.
La decisión se produce tras el voto de la Asamblea Nacional en agosto, donde 86 legisladores del oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik respaldaron el fin del tratado. El movimiento correísta, que impulsó el acuerdo durante el gobierno de Rafael Correa, se abstuvo en la votación.
Noboa justificó la medida alegando recortes en los fondos internacionales que apoyaban los programas migratorios en Ecuador. “Se registran suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento”, señala el decreto ejecutivo que dio origen a la denuncia.
Ecuador alberga actualmente a más de 444,800 venezolanos, lo que lo convierte en el quinto país con mayor población migrante de esa nacionalidad, detrás de Colombia, Perú, Brasil y Chile, según la plataforma R4V.
Desde el 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de cerca de 40 países, incluido Venezuela. Según la Cancillería, la medida busca “fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos.
Políticamente, Noboa se apoya en la mayoría legislativa con el PSC y Pachakutik, mientras que el correísmo, que defendió el acuerdo desde sus inicios, prefirió abstenerse para no cargar con el costo político.
El Estatuto Migratorio del 2010 fue clave porque simplificaba los trámites de residencia, visas y regularización, lo que en su momento ayudó a miles de migrantes que salieron de Venezuela por la crisis.
Esa decisión de Noboa marca un giro fuerte en la política migratoria ecuatoriana hacia los venezolanos.