República Dominicana. – La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso este martes medidas de coerción contra los once agentes de la Policía Nacional acusados de haber abatido a cinco jóvenes el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago.
La jueza Yeritza Cabral dispuso tres meses de prisión preventiva para cuatro de los agentes, mientras que los siete restantes deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos cada uno, presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán salir del país.
Los imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los acusados, alegando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia. Sin embargo, la magistrada optó por una decisión dividida, lo que ha generado comentarios encontrados entre familiares de las víctimas y sectores sociales.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los once policías habrían simulado un enfrentamiento armado con los jóvenes Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito, 26 años), Julio Alberto Gómez (La Tabla, 28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc, 40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25).
Las autoridades aseguran que, tras los hechos, los agentes realizaron diversas maniobras para ocultar evidencias y entorpecer la investigación. Entre estas, sustrajeron los DVR de los negocios de la plaza y confiscaron los teléfonos celulares de varias personas que se encontraban en el lugar.
Incluso, según el expediente del Ministerio Público, habrían obligado al propietario de un local cerrado a entregar su sistema de grabación para destruir evidencia clave, lo que agravó la acusación en su contra.
La investigación
El caso está siendo dirigido por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien fue designado por la PGR para garantizar un proceso independiente.
Camacho indicó que las autoridades siguen recopilando pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en que se produjeron las muertes y determinar el grado de responsabilidad individual de cada agente.
Publicaciones relacionadas:
Tribunal conocerá medida de coerción a 11 policías acusados de matar a cinco hombres en Santiago
Conocerán medida de coerción contra 11 policías acusados de matar cinco hombres en Santiago
Aplazan audiencia de coerción contra policías acusados de masacre en La Barranquita
Aplazan para el martes coerción a 11 policías por muerte de cinco hombres en Santiago
Audiencia de coerción para seis acusados de agresión sexual en Villa González
tres meses suenan poco pa un caso tan fuerte como ese
por fin se ve un poco de justicia, aunque falta camino
eso en Santiago ha dejao medio mundo indignao