La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reveló ante la Corte Constitucional un informe que expone uno de los fraudes más graves en la historia del sistema de salud colombiano: entre 2018 y 2023 se facturaron más de 2,3 billones de dólares por servicios médicos prestados a 471.480 personas ya fallecidas.
El informe, presentado como parte de la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), evidencia una práctica sistemática de cobros irregulares que afecta tanto al régimen contributivo como al subsidiado, y compromete la integridad financiera y ética del sistema.
Según los datos, 2021 fue el año con mayor monto de facturación indebida, alcanzando $699.480 millones. El régimen contributivo representó el 52% del valor total, mostrando que las irregularidades alcanzan tanto al sector público como al privado.
Uno de los aspectos más alarmantes es que se reportaron servicios médicos hasta 26 años después del fallecimiento de algunos pacientes.
Entre las entidades señaladas se encuentran varias de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país:
• Sura: 50.404 casos – $684.989 millones
• Compensar: $418.970 millones
• Savia Salud: $261.580 millones
Un caso particular involucra a Coosalud, que habría reportado la atención de un paciente 26 años después de su muerte.
El documento precisa que el 31,21% de los registros corresponde a servicios reportados entre dos días y un mes después del fallecimiento. Además, 4.666 personas “recibieron” atención médica más de un año después de morir, 1.172 casos superan los diez años posteriores al deceso y 29 registros reportan servicios más de 20 años después.
Los procedimientos médicos concentran la mayor parte del fraude, con 382.864 registros y un valor estimado de $1,6 billones, seguidos por hospitalizaciones, laboratorios y programas de prevención.
De acuerdo con la ley, las EPS e IPS solo pueden facturar servicios prestados hasta la fecha de fallecimiento del paciente, y están obligadas a reportar la defunción en un plazo máximo de cinco días hábiles. Sin embargo, los datos revelados por la ADRES reflejan una masiva omisión de controles y auditorías por parte de las entidades.
El presidente Gustavo Petro calificó el hallazgo como un “hecho de extrema gravedad”, señalando que este caso demuestra la urgencia de reformar y depurar el sistema de salud colombiano.
El informe ya fue remitido a la Corte Constitucional, que actualmente analiza los resultados en el marco de la revisión de la UPC, mecanismo que define la financiación de los servicios de salud en el país.
la salud en muchos países ta podrida por dentro por esos tigres que se quieren hacer ricos fácil
cómo es posible que facturen servicios a muertos eso es de película
ay mi madre eso sí es un robo descarado en plena cara del pueblo colombiano