República Dominicana .– La Dirección Provincial de Fuerza del Pueblo (FP) en Sánchez Ramírez, a través de su Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, denunció este lunes lo que considera un intento deliberado del Gobierno del presidente Luis Abinader de desmantelar la institucionalidad de la Reforma Agraria en la República Dominicana, tras la emisión de los decretos 115-25 y 209-25 que disponen la fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.
Durante una rueda de prensa encabezada por Marino Hernández, presidente provincial del partido, y acompañado por otros dirigentes, entre ellos los miembros de la Dirección Política de la FP Onofre Rojas y Modesto Reyes, este último titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, la organización opositora advirtió que esta medida gubernamental amenaza directamente los derechos adquiridos de miles de parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria, al generar confusión, inseguridad jurídica y temor en las comunidades rurales del país.
De acuerdo con el comunicado leído por Marino Hernández, la organización explica que el decreto 115-25, emitido el pasado 10 de marzo, establece la supuesta fusión del IAD con Agricultura, pero sin ofrecer detalles claros sobre el destino de las parcelas asignadas ni sobre el estatus legal de los beneficiarios. Aunque posteriormente, el 15 de abril, se publicó el decreto 209-25, sustituyendo el término “disolución” por “fusión”, desde Fuerza del Pueblo consideran que el objetivo de fondo sigue siendo la eliminación del IAD como órgano autónomo.
“Es evidente que el Gobierno intenta borrar al IAD, violando los derechos de los la parceleros amparados en la Ley 5879 de 1962. No hay claridad ni garantías para los hombres y mujeres del campo que hoy ven peligrar sus tierras”, expresó Marino Hernández ante los medios.
Asimismo, los dirigentes advirtieron que esta situación está generando protestas y reclamos en distintas comunidades rurales, debido a la incertidumbre provocada por la actuación del Directorio del IAD y la aplicación de la Resolución 01-2025, que establece lineamientos para eliminar la institución, sin ofrecer información previa a los afectados.
A esto se suma, según denunció la organización, el uso discrecional del proceso de fusión para transferir activos institucionales como maquinarias, mobiliarios y equipos, sin que se haya cumplido con el requisito legal establecido en el mismo decreto 115-25, que exige la presentación de un proyecto de ley para la disolución organizada del IAD en un plazo no mayor de 90 días.
Fuerza del Pueblo también advirtió sobre vacíos legales e inconsistencias jurídicas presentes en los decretos y resoluciones emitidos, lo cual afirman, podría abrir espacio a presiones, extorsiones y despojos, especialmente hacia parceleros que aún no han formalizado la titulación de sus predios.
En ese sentido, al leer el comunicado, Hernández sostuvo que la eliminación del IAD no solo representa una violación de derechos adquiridos, sino también un golpe directo a la seguridad alimentaria del país, al poner en riesgo la producción agropecuaria generada por los proyectos de Reforma Agraria.
“Al afectar a los productores del campo, inevitablemente se verán aumentos en los precios de los alimentos y una disminución en la capacidad productiva del país”, aseguró Hernández.
Ante este panorama, Fuerza del Pueblo reiteró su compromiso de acompañar a los parceleros y profesionales agropecuarios en la defensa de sus derechos, y anunció que agotará todos los recursos legales disponibles para impedir la desaparición del IAD y evitar un retroceso en la política agraria nacional.
Finalmente, el partido hizo un llamado al presidente Abinader a actuar con responsabilidad, garantizando transparencia en el proceso y protegiendo los derechos de los técnicos y parceleros afectados. En lugar de su eliminación, Fuerza del Pueblo propuso transformar y modernizar el IAD en una nueva entidad: el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural (INDDER), con un enfoque integral que impulse el verdadero desarrollo del campo dominicano.
“No permitiremos que se despoje a los hombres y mujeres del campo de sus tierras y de su dignidad. El Gobierno debe rectificar y apostar por el fortalecimiento, no la destrucción, de nuestras instituciones rurales”, concluyó Marino Hernández.
