Más de sesenta países dieron este sábado un paso histórico en la lucha global contra el delito digital al firmar en Vietnam la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, un acuerdo legalmente vinculante que busca fortalecer la cooperación internacional frente a las crecientes amenazas en el ciberespacio.
Durante la ceremonia, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la convención como “un instrumento poderoso para proteger a los ciudadanos y reforzar las defensas colectivas contra la ciberdelincuencia”.
Entre los países firmantes se encuentran Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, sumando hasta ahora 68 naciones, aunque la cifra podría aumentar en los próximos días.
El documento, compuesto por nueve capítulos y 71 artículos, aborda temas como el abuso infantil en línea, el fraude electrónico, el blanqueo de capitales y el tráfico de datos personales, entre otros delitos. Es además el primer tratado internacional que llevará el nombre de una ciudad vietnamita, marcando un hito diplomático para el país asiático.
Guterres destacó que la firma refleja el poder del multilateralismo y el compromiso de garantizar que ningún país quede sin protección frente al crimen digital.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, advirtió que “el cibercrimen está transformando el rostro de la delincuencia organizada”, y celebró que la convención brinde a los Estados una herramienta concreta para combatirla de manera conjunta.
La UNODC ha identificado al Sudeste Asiático —especialmente zonas de Birmania, Laos y Camboya— como uno de los principales focos de estafas digitales y operaciones ilegales en línea.
Este tratado, fruto de cinco años de negociaciones, facilitará el intercambio de pruebas digitales y la cooperación judicial entre países, un paso clave para enfrentar el carácter transnacional del cibercrimen.
La convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2024 y entrará en vigor una vez sea ratificada por los Estados firmantes.
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