La Audiencia Nacional abrió una nueva línea de investigación sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para esclarecer si existió financiación ilegal a través de pagos en efectivo entregados al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. La causa surge tras un informe del Tribunal Supremo que detectó irregularidades en los reembolsos gestionados desde la sede socialista de Ferraz.
El juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción 2, decidió abrir una pieza separada al recibir un auto del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, quien alertó de “desajustes” en las liquidaciones internas del partido y de un marcado “descontrol” en la caja de efectivo del área de Organización dirigida por Ábalos.
La investigación se suma al caso principal que instruye la Audiencia Nacional sobre una presunta red de comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que Koldo García ya figura como uno de los principales implicados.
Entre la documentación remitida por el Supremo figuran las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la empleada Celia Rodríguez, quienes admitieron la falta de control interno y la ausencia de registros exhaustivos de pagos en metálico. También se incorporó el testimonio de la empresaria Carmen Cano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.
Además, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla movimientos de dinero y comunicaciones entre García y su pareja, Patricia Úriz, señalada como la persona que recogía parte del efectivo. Los investigadores estiman que Ábalos y García habrían recibido alrededor de 32.000 euros procedentes directamente de Ferraz.
Aunque el PSOE reconoce que realizó pagos en metálico, afirma que todos fueron justificados con gastos propios de la actividad política. Sin embargo, la UCO detectó discrepancias entre los importes declarados y los registros contables, así como sumas sin respaldo documental.
El Supremo también puso bajo la lupa la gestión económica del partido entre 2017 y 2024, periodo en el cual se habrían retirado cerca de un millón de euros en efectivo para alimentar una caja interna de dietas y compensaciones, un sistema que —según el magistrado Puente— pudo facilitar prácticas irregulares o incluso delictivas.
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