El estado de Maine se encamina a sumarse a la lista de jurisdicciones donde las fuerzas policiales no colaboran con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras el respaldo de la gobernadora Janet Mills a un proyecto de ley aprobado por la Legislatura estatal.
La iniciativa limita la cooperación de las autoridades locales con las deportaciones federales impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Además, Mills derogó una orden ejecutiva vigente desde 2011 que obligaba a los funcionarios estatales a colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como el Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU), celebraron la decisión de la gobernadora, destacando que la medida entrará en vigor en 2026, con el inicio de la próxima legislatura.
Aunque el proyecto fue aprobado en la pasada primavera, Mills había pospuesto su decisión. Finalmente optó por permitir que la iniciativa se convierta en ley sin su firma, una vez el cuerpo legislativo retome sus trabajos en enero.
En una carta pública, la gobernadora explicó que, pese a sus inquietudes iniciales sobre posibles limitaciones para las fuerzas del orden, considera más grave el uso que el Gobierno federal ha dado a ICE para vulnerar derechos fundamentales. Subrayó además que la policía de Maine debe enfocarse en hacer cumplir las leyes estatales, no las normativas federales de inmigración.
Mills afirmó que el estado envía un mensaje claro al exigir una reforma migratoria federal que priorice la seguridad pública, proteja a familias trabajadoras y evite la criminalización de comunidades por su origen o color de piel.
Las organizaciones proinmigrantes señalaron que la nueva ley ofrecerá mayor protección a las comunidades migrantes frente a las políticas de deportación masiva, al tiempo que evitará el uso de recursos estatales en acciones que, a su juicio, vulneran el debido proceso y otros derechos constitucionales.
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