El Poder Judicial de Chile abrió una investigación interna contra altos funcionarios del área tecnológica de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), ante denuncias de que habrían desarrollado negocios tecnológicos paralelos en varios países, incluida la República Dominicana.
Según informó el diario chileno La Tercera, la indagatoria involucra al director del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara; al subdirector Esteban Paiva; y al funcionario Pablo Cabezas. El DDI es el órgano encargado de la implementación tecnológica y de inteligencia artificial en la judicatura chilena.
La denuncia señala que los funcionarios habrían utilizado conocimientos y experiencias adquiridas en el sistema judicial chileno para realizar actividades comerciales en el extranjero, lo que podría constituir un conflicto de intereses. No obstante, fuentes judiciales citadas por el medio indicaron que al menos uno de los involucrados ha negado haber incurrido en dichas prácticas.
La decisión de iniciar la investigación fue tomada por el Consejo Superior de la CAPJ, integrado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y varios ministros del máximo tribunal. Como parte del proceso, la ministra María Cristina Gajardo fue designada instructora de la indagatoria.
Debido a la gravedad de los hechos denunciados, el pasado 9 de diciembre los tres funcionarios fueron suspendidos de sus cargos por un período de dos meses, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas.
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Estas denuncias muestran que la corrupción tecnológica es un tema serio en la región
Es bueno que el Poder Judicial de Chile investigue porque la transparencia no se negocia