La Asamblea Nacional de Venezuela inició este martes el debate de un proyecto de ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan, respalden o financien bloqueos navales y acciones consideradas como “piratería”, una propuesta que surge en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos por la incautación de buques petroleros venezolanos.
La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista del presidente Nicolás Maduro, fue presentada el lunes para su primera discusión y recibió aprobación unánime en esa etapa inicial, gracias a la mayoría absoluta del chavismo en el Parlamento.
Bajo el nombre de “Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, el texto contempla sanciones de entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas que podrían alcanzar el millón de euros, contra cualquier persona que “promueva, instigue, solicite, facilite, financie o participe” en este tipo de acciones.
El proyecto fue introducido pocos días después de que Estados Unidos confiscara un segundo buque cargado con crudo venezolano, tras una primera incautación ocurrida el 10 de diciembre. Asimismo, se reportó la persecución de una tercera embarcación, sin que se hayan ofrecido detalles oficiales sobre su situación final.
Desde el oficialismo, la propuesta es presentada como un instrumento para defender la soberanía económica y garantizar la libre navegación comercial del país. Sin embargo, sectores críticos advierten que la norma podría ser utilizada para perseguir y criminalizar a actores políticos y ciudadanos que expresen apoyo a sanciones o medidas internacionales contra el Gobierno.
Venezuela ya cuenta con leyes que penalizan el respaldo a sanciones extranjeras, y el chavismo ha señalado en varias ocasiones a dirigentes opositores —entre ellos María Corina Machado— por respaldar públicamente la presión internacional contra el Ejecutivo.
El presidente Maduro ha calificado las recientes incautaciones como actos de “piratería naval criminal” y sostiene que forman parte de una estrategia de Washington para forzar un cambio de gobierno. En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe, argumentando que se trata de operaciones antidrogas, versión que Caracas rechaza.
El proyecto continuará ahora su curso legislativo en un contexto de creciente confrontación política, económica y diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.
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