La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes una ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes, desde territorio venezolano, promuevan, respalden o faciliten bloqueos navales y actos que el Gobierno califica como “piratería”, en referencia directa a recientes incautaciones de buques petroleros por parte de Estados Unidos.
La norma fue avalada por unanimidad por el bloque oficialista del presidente Nicolás Maduro, que mantiene el control absoluto del Parlamento unicameral. La iniciativa fue introducida pocos días después de que autoridades estadounidenses confiscaran un segundo buque cargado con crudo venezolano, tras una primera incautación registrada el pasado 10 de diciembre y la persecución de una tercera embarcación el fin de semana.
El texto legal contempla sanciones de entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas que pueden alcanzar el millón de euros y la incautación de bienes, para quienes promuevan, faciliten o participen en acciones de bloqueo marítimo, espionaje o intercepción de naves que afecten la navegación y el comercio internacional.
El Gobierno venezolano ha calificado estas acciones como “piratería naval criminal” y sostiene que forman parte de una estrategia de presión para forzar la salida de Maduro del poder. Desde Washington, el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado llamados públicos para que el mandatario venezolano abandone el cargo.
Estados Unidos ha justificado el despliegue de una amplia flota en el Caribe como parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque Caracas asegura que se trata de una escalada política, económica y militar. En este contexto, la nueva ley también incluye mecanismos de protección e incentivos para operadores comerciales, así como asesoría legal por parte del Estado.
Venezuela produce actualmente alrededor de un millón de barriles de petróleo diarios y permanece bajo sanciones internacionales desde 2019, lo que ha llevado al país a comercializar parte de su crudo en mercados alternativos y con importantes descuentos
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