El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, lanzó una amenaza directa contra los manifestantes y cualquier persona que colabore con las protestas que sacuden al país: serán considerados “enemigos de Dios”, un delito que, según la legislación iraní, se castiga con la pena de muerte.
La advertencia fue difundida por la televisión estatal, en medio de una intensificación de la represión, el bloqueo casi total de internet y cerca de dos semanas de movilizaciones multitudinarias en todo el territorio iraní.
De acuerdo con cifras de Human Rights Activists News Agency (HRANA) recogidas por Associated Press, la represión ha dejado al menos 72 personas muertas y más de 2,300 detenidas. Otras organizaciones de derechos humanos manejan cifras similares, aunque advierten que el número real podría ser mayor.
Azad ordenó a los fiscales “preparar rápidamente el terreno para el juicio y una confrontación decisiva” contra quienes acusa de traicionar a la nación y favorecer la “dominación extranjera”. Además, exigió que los procesos judiciales se realicen “sin indulgencia, compasión ni clemencia”.
El régimen ha dejado claro que no solo los manifestantes, sino también quienes “ayuden” o respalden las protestas, podrían ser juzgados bajo este cargo capital, ampliando así el alcance de la persecución.
Pese al aumento de la violencia, las manifestaciones no han disminuido. Iran Human Rights documentó al menos 51 muertes, entre ellas nueve menores de edad, mientras que HRANA elevó la cifra a 65 fallecidos. Las protestas se han extendido a barrios de Teherán como Sadatabad y a ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas.
La televisión estatal ha transmitido funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos en los disturbios, en un intento de reforzar la narrativa oficial y proyectar control sobre la crisis.
Sin embargo, la magnitud real de la represión sigue siendo incierta debido al apagón nacional de internet. Según NetBlocks, el país ha permanecido más de 36 horas sin acceso estable a la red, lo que ha generado llamados internacionales para restablecer las comunicaciones.
Activistas, periodistas y cineastas denuncian que el bloqueo busca ocultar la violencia y las violaciones de derechos humanos, mientras organizaciones internacionales advierten que la censura impide una verificación independiente de lo que ocurre en Irán.
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