El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró este lunes que el recuento de votos impulsado por el Gobierno saliente de Xiomara Castro carece de validez jurídica, vulnera la Constitución y no tiene efectos legales, al tiempo que ratificó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, que dieron como ganador a Nasry “Tito” Asfura.
El pronunciamiento del organismo electoral busca frenar la escalada institucional generada tras la aprobación de una resolución legislativa que ordenó una revisión general del escrutinio, medida que el CNE calificó de “inconstitucional e ilegal”.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó que las directrices emanadas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso “no son vinculantes” y constituyen un intento de usurpación de funciones, ya que la Constitución asigna de manera exclusiva al órgano electoral la administración, supervisión y validación de los procesos electorales.
En una comparecencia pública, Hall subrayó que el ordenamiento jurídico hondureño establece procedimientos específicos y taxativos para la impugnación de actas y resultados, los cuales ya fueron agotados conforme a la ley, sin que exista margen para interferencias políticas externas.
El posicionamiento del CNE se produce luego de que el Gobierno de Xiomara Castro promoviera un recuento general, alegando supuestas irregularidades y “manipulación” del escrutinio, acusaciones que el órgano electoral rechazó de forma categórica.
Hall también aludió al clima previo a los comicios, señalando la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su respaldo a Asfura. No obstante, recalcó que el proceso electoral fue auditado bajo los estándares legales vigentes y que la proclamación del ganador se basó en actas debidamente verificadas.
Nasry Asfura, de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, quien denunció fraude. La estrechez del resultado intensificó la confrontación política, pero el CNE reiteró que todas las instancias de revisión fueron atendidas y resueltas dentro del marco legal.
Finalmente, la presidenta del organismo electoral advirtió sobre los riesgos de alterar el orden constitucional, llamó a respetar la autonomía institucional y defendió la legitimidad del proceso como pilar de la estabilidad democrática del país.
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