El exministro español de Transportes José Luis Ábalos presentó este miércoles su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados, tras permanecer en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
Ábalos, quien también fue secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formalizó su decisión ante la Mesa del Congreso luego de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso que solicitaba su salida de la cárcel, lo que prolonga su reclusión mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
En un mensaje difundido en la red social X, el exministro explicó que, aunque al ingresar en prisión fue suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios, siempre defendió que debía prevalecer el derecho de representación y la inmunidad como diputado. No obstante, admitió que su actual situación procesal le impide continuar ejerciendo el cargo.
Ábalos afirmó que se enfocará ahora en su defensa jurídica y en demostrar su inocencia, al tiempo que calificó como un “verdadero honor” haber sido diputado durante siete legislaturas consecutivas, desde su primera elección en 2009.
Su dimisión se hace efectiva este mismo miércoles y se produce después de meses de presión política. A comienzos de 2024, tras conocerse su vinculación con la presunta trama corrupta, el PSOE le pidió que dejara el acta, aunque entonces optó por abandonar el grupo socialista y pasar al Grupo Mixto.
El exministro se convirtió en noviembre pasado en el primer diputado en activo en ingresar en prisión en España, acusado de participar, junto a su exasesor Koldo García, en un entramado de comisiones ilegales relacionadas con la adjudicación de contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
El denominado caso Koldo también salpica a otros exdirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE y estrecho colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estuvo varios meses en prisión preventiva.














En España la presión política y judicial no perdona
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Esa renuncia era casi obligatoria con un caso tan serio encima