El Gobierno de Colombia anunció nuevas restricciones a la importación de drones como respuesta al aumento de atentados perpetrados por grupos armados ilegales que emplean esta tecnología para lanzar explosivos contra fuerzas de seguridad y población civil.
Según informó el Ministerio de Defensa, entró en vigencia un decreto que limita el ingreso de drones al país mediante tráfico postal y envíos urgentes, al considerar que estos mecanismos representan un alto riesgo para la seguridad y la defensa nacional. A partir de ahora, estos equipos solo podrán ingresar por los puntos aduaneros del aeropuerto internacional de Bogotá y el puerto marítimo de Cartagena.
Las autoridades señalaron que los grupos guerrilleros han adaptado drones comerciales disponibles en el mercado para transportar explosivos artesanales, una modalidad que ha modificado la dinámica del conflicto armado. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se registraron al menos 8,000 ataques con drones, que dejaron 20 personas muertas y cerca de 300 heridas entre civiles y uniformados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reducir las capacidades operativas de las organizaciones criminales y fortalecer el control estatal sobre tecnologías sensibles.
Informes de inteligencia militar indican que estructuras armadas como el ELN y disidencias de las antiguas FARC habrían recibido entrenamiento de grupos extranjeros para realizar este tipo de adaptaciones a bajo costo. En respuesta, el Ejército colombiano presentó en octubre su primer batallón especializado en el uso y neutralización de drones.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado la necesidad de invertir recursos significativos en sistemas de defensa antidrones, en un contexto en el que los esfuerzos de negociación con los grupos armados ilegales aún no han logrado un acuerdo de paz definitivo.












El gobierno tiene que proteger a la gente como sea
Los drones en manos equivocadas se convierten en armas mortales
Esa medida busca frenar una amenaza que se ha vuelto muy peligrosa