República Dominicana.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la madrugada de este jueves la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y a otros seis imputados vinculados a un presunto esquema de corrupción administrativa.
El tribunal rechazó la apelación interpuesta por la defensa y confirmó en todas sus partes la resolución emitida previamente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que ordenó la medida de coerción más gravosa en el proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían participado en un fraude contra la ARS estatal superior a los 15,900 millones de pesos, dentro del sistema público de riesgos de salud, entre los años 2020 y 2025.
Al emitir su decisión, la Corte —presidida por la magistrada Isis Muñoz e integrada por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez— sostuvo que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva, especialmente en lo relativo al peligro de fuga, la gravedad de los hechos imputados, la posible pena y el daño ocasionado al Estado.
La sentencia fue leída a las 12:23 de la madrugada, confirmando íntegramente la medida que mantiene privados de libertad a los acusados principales del proceso.
A la salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó la decisión como “contraria a los intereses de la administración de justicia”, al cuestionar que tres imputados —Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read— continúen bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica, en lugar de prisión preventiva.
El jurista afirmó que esta diferenciación favorece la impunidad y sostuvo que dichos empresarios habrían recibido de forma conjunta cerca de 16,000 millones de pesos dentro del presunto entramado de corrupción.
“Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político”, expresó.
Hernández anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo es inconstitucional y limita el derecho de la parte querellante a recurrir en apelación.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos.
Además de Santiago Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.














Dieciocho meses no son relajo
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