El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) manifestó su desacuerdo con la decisión de una jueza federal que bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos, una medida que beneficia a más de 300,000 personas y que estaba prevista para expirar esta semana.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que la agencia evalúa junto al Departamento de Justicia los pasos legales a seguir tras el fallo emitido por la jueza Ana C. Reyes, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, quien ordenó frenar la terminación del programa migratorio.
El TPS permite a los beneficiarios haitianos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a la prolongada crisis humanitaria, política y de seguridad en Haití. La designación debía finalizar a las 11:59 de la noche del martes, de no haberse producido la intervención judicial.
En una sentencia de 83 páginas, la magistrada determinó que el DHS violó los procedimientos legales al intentar cancelar el programa y señaló que la medida estuvo marcada por un trato hostil hacia los ciudadanos haitianos.
“El Departamento de Seguridad Nacional discrepa firmemente con esta orden y está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar los próximos pasos”, afirmó Noem en un comunicado publicado en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La funcionaria defendió la decisión adoptada por su agencia en noviembre, cuando concluyó que Haití ya no cumplía con los criterios exigidos por ley para mantener la designación del TPS, un estatus concedido originalmente tras el terremoto de 2010 durante la administración de Barack Obama. Según explicó, la evaluación se realizó tras analizar las condiciones actuales del país y consultar con diversas agencias federales.
Noem también cuestionó que la determinación del Ejecutivo haya sido detenida por un solo tribunal, pese a que, según afirmó, el DHS ha logrado fallos favorables recientes en la Corte Suprema en asuntos migratorios similares.
La controversia sobre el TPS se produce en medio de un mayor escrutinio a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que han generado críticas por presuntas detenciones arbitrarias, arrestos de ciudadanos estadounidenses y denuncias sobre el trato a menores migrantes.
Al mismo tiempo, dentro del propio Gobierno estadounidense persiste la preocupación por el deterioro de la situación en Haití, donde la violencia de bandas armadas y la fragilidad institucional continúan agravándose ante la incertidumbre política.
En ese contexto, la llegada reciente del destructor estadounidense USS Stockdale a la bahía de Puerto Príncipe habría provocado el repliegue de miembros de grupos armados que controlaban áreas portuarias, según fuentes citadas por medios estadounidenses.
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron el fallo judicial, aunque advirtieron que la disputa legal continúa. Representantes de la sociedad civil señalaron que la decisión ofrece un alivio temporal a miles de familias que enfrentaban la amenaza inmediata de perder su estatus migratorio y su derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos.
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