Panamá registró 1,980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y abril de 2026, según un informe del Ministerio Público de Panamá. La cifra representa un aumento de 5 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,892 casos.
El reporte preliminar del Sistema Penal Acusatorio refleja una tendencia creciente en los delitos sexuales durante el primer cuatrimestre del año. Abril fue el mes con más denuncias, con 539 casos, seguido de marzo con 538, enero con 487 y febrero con 416.
La mayoría de las investigaciones corresponde al capítulo de violación y otros delitos sexuales, con 1,795 denuncias, mientras que otros 185 casos fueron clasificados dentro de corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas relacionadas.
El delito más reportado fue el acceso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18, con 742 denuncias, seguido por violación con 646 casos, actos libidinosos con 306, corrupción de menores con 126 y violación doblemente agravada con 85 investigaciones.
Aunque las denuncias por violación disminuyeron 11 % respecto a 2025, las relacionadas con acceso sexual a menores de edad aumentaron 18 %. Asimismo, la corrupción de menores creció 40 %, mientras que los casos de pornografía infantil aumentaron 117 %, pasando de 18 a 39 reportes.
Por provincias, Panamá encabezó la lista con 406 denuncias, seguida por Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194.
En medio de este panorama, el Ministerio Público informó sobre la condena de 37 años de prisión contra un hombre de 28 años hallado culpable de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores en perjuicio de dos niñas de 8 y 9 años en la provincia de Veraguas.
Además, otro hombre de 29 años fue enviado a detención provisional en Colón por presunta violación sexual agravada y actos libidinosos contra una menor de 13 años.
Las autoridades advirtieron que los delitos sexuales continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Panamá, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
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