La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que no existe “ningún riesgo” para su Gobierno ni para el partido oficialista Morena tras la entrega en Estados Unidos de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa acusados de narcotráfico.
Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria reaccionó a la entrega voluntaria de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exencargado de Finanzas de esa entidad, quienes enfrentan investigaciones en territorio estadounidense.
“Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que sostuvo que cualquier acusación relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado debe sustentarse con pruebas y procesarse por las vías legales correspondientes.
La presidenta también rechazó las versiones que buscan vincular a Morena con organizaciones criminales, señalando que forman parte de una campaña impulsada por sectores opositores y figuras del llamado “viejo régimen”.
Asimismo, defendió que su administración no protege a funcionarios involucrados en actividades ilícitas y reiteró que, si existen evidencias, corresponde a las autoridades judiciales actuar.
“No hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales de cuello blanco, ni con delincuencia organizada”, expresó.
Sheinbaum también respondió a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado en varias ocasiones que México estaría gobernado por cárteles del narcotráfico.
Según explicó, aunque Trump ha realizado esas afirmaciones públicamente, no se las ha planteado directamente durante sus conversaciones bilaterales.
“Siempre le digo: ‘No es cierto, presidente Trump. En México gobierna el pueblo de México’”, indicó.
En otro aspecto, la mandataria anunció la visita de funcionarios estadounidenses vinculados al área de seguridad y lucha antidrogas para continuar el diálogo bilateral sobre cooperación y comercio entre ambos países.
Además, aclaró que el congelamiento de cuentas relacionadas con el gobernador de Sinaloa responde a una medida preventiva derivada de órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos contra varias personas investigadas.
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