La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en el proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo.
La decisión fue comunicada mediante un documento firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, en el que se indica que la medida responde a recientes declaraciones y publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales relacionadas con la campaña electoral.
El caso surge luego de cuestionamientos de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes atribuidos a Petro en respaldo al candidato oficialista Iván Cepeda, a pocos días de la primera vuelta electoral.
Según la comunicación oficial, la actuación está sustentada en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que tipifica la intervención en política por parte de funcionarios públicos, además de otras disposiciones contempladas en la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.
La normativa colombiana establece restricciones para que funcionarios públicos participen en actividades políticas o influyan en controversias electorales, con excepción del ejercicio del derecho al voto.
Debido a su condición de jefe de Estado, Petro cuenta con fuero constitucional, por lo que las investigaciones en su contra deben ser conocidas exclusivamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
En paralelo, el procurador general Gregorio Eljach solicitó a la Comisión un informe detallado sobre las denuncias presentadas contra el mandatario por presunta participación indebida en política.
Medios colombianos señalan que actualmente existen alrededor de una docena de denuncias relacionadas con este tema, mientras la Procuraduría aseguró que mantiene labores de seguimiento institucional sobre el desarrollo de las investigaciones.
En caso de que la Comisión encuentre fundamentos suficientes, deberá presentar una acusación formal ante el Senado colombiano, organismo encargado de actuar como juez político en este tipo de procesos.
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