La Procuradoría General de la República de Brasil pidió abrir una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por un presunto delito de prevaricación (faltar conscientemente a los deberes de su cargo) después de haber sido informado de posibles irregularidades en la compra de la vacuna Covaxin contra el COVID-19.
En la petición, el viceprocurador general Humberto Jacques de Medeiros afirma que hay que aclarar las circunstancias del eventual aviso dado a Bolsonaro para ver si realmente configura un delito de prevaricación, porque el delito en sí habría sido cometido por funcionarios públicos: «Que se aclare lo que se hizo después del encuentro en términos de adopción de medidas».
El viceprocurador quiere que el presidente Bolsonaro preste declaración, pero el Supremo Tribunal Federal aún debate si puede enviar su postura por escrito o si debe ser interrogado de forma presencial.
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