La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, fueron agregados el lunes a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte.
Según la declaración del secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, Porras obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales a través del cambio de fiscales, incluyendo el despido de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI.
En respuesta, el Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza públicamente las acusaciones que asegura son “totalmente falsas e infundadas”, pues indica que tienen como fuentes a personas que evaden la justicia sin verificar la veracidad de dicha información o tener en cuenta la versión de otros actores.
Además, asegura que son lamentables estas acciones cuyo objetivo “no es la lucha contra la corrupción sino se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público”, e indica que la fiscal seguirá trabajando al frente de la entidad.
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