La justicia chilena inició un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Papeles de Pandora que revelaron sus negocios en paraísos fiscales.
«El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera», informó a través de un comunicado el Poder Judicial de Chile.
Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella acusando al mandatario del delito de negociación incompatible por los hechos descubiertos en la investigación periodística.
«Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias».
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
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