El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, informó este viernes que el número de opositores convictos en Nicaragua aumentó a 159.
La nueva cifra de presos políticos incluye a cuatro disidentes cuyos familiares dieron permiso para ser incluidos en la lista, entre ellos los dos últimos en ser arrestados, Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua.
Entre los 159 reos están diez mujeres, incluyendo la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, quien tiene casa por cárcel, al igual que la ex primera dama (1997-2002) María Fernanda Flores de Alemán.
Otros 111 opositores están recluidos en diferentes penitenciarias, dos en oficinas policiales, y 34 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que ha sido denunciada por organismos defensores de los derechos humanos como supuesto centro de torturas de la Policía Nacional.
Según el informe, los “presos políticos sufren sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas (que) infringen estrés, ansiedad, insomnio, y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física”.
La situación del 25 % de los opositores convictos, con 50 años o más, es peor, ya que carecen de “asistencia médica especializada, acceso a un baño apropiado, alimentación de acuerdo a sus necesidades calóricas, dietas especiales, acceso a patio soleado, y espacios donde puedan ejercitarse”, destacó el informe.
En total, 102 de los capturados han sido condenados, 45 están bajo proceso judicial, y dos están detenidos sin procesos judiciales en su contra, reflejó.
El Mecanismo atribuyó las 46 detenciones que van en 2021 a “la escalada represiva del contexto electoral”.
Nicaragua irá a las urnas el 7 de noviembre próximo, en unos comicios en las que el presidente Daniel Ortega, quien ya gobernó de 1979 a 1990 y recuperó el poder en 2007, espera su tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario murillo, como vicepresidenta.
La cantidad de presos políticos reportada podría no ser exacta, ya que el régimen no revela los datos oficiales sobre los detenidos ni da acceso a los mismos, advirtió el Mecanismo.
