El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, solicitará este miércoles una nueva prórroga de 60 días a un juez federal para presentar más pruebas que involucren a personajes de alto perfil en la trama de sobornos ligada a Odebrecht.
La solicitud se debe a que este miércoles vence el plazo solicitado por la defensa de Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar las pruebas de los sobornos millonarios que habría entregado la constructora brasileña Odebrecht durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). De esta manera, el exdirector de Pemex ha intentado acogerse al criterio de oportunidad para evitar ir a la cárcel.
No obstante, según fuentes judiciales, la FGR se opone a que se le otorgue un nuevo aplazamiento a Lozoya. Por lo tanto, durante la audiencia, el juez de control del Reclusorio Norte podría dar por concluido el período de investigación complementaria y la Fiscalía haría la acusación formal contra el exdirector de Pemex.
Lozoya lleva más de un año y tres meses vinculado a proceso (desde el 29 de julio de 2020) por lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, el extitular de Pemex está en libertad, por decisión de un juez federal y porque presentó ante la Fiscalía una denuncia en la que acusó, principalmente, al expresidente de México, Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de encabezar los sobornos a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales que abrieron el sector energético en México.
En su denuncia ante la FGR, Lozoya aseguró que Odebrecht ya había comenzado a operar durante el Gobierno del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), en cuyo mandato se ofreció un descuento del 25 % a la filial de la empresa brasileña, Braskem, para el suministro de etano a través de la planta Etileno XXI, lo que tuvo pérdidas millonarias para Pemex.
A la par del caso Odebrecht, la FGR acusó a Lozoya porque en su posición de director de Pemex, intervino para afirmar que era necesaria la compra de la planta Agronitrogenados, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, una operación que causó un daño patrimonial a la empresa. (Rt)
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