La defensa de la exmandataria boliviana, Jeanine Áñez (2019-2020), anunció que prevé presentar hasta 45 testigos de descargo, incluidas dos expresidentas socialistas del Senado, en el juicio por el golpe de Estado de 2019 que según fuentes oficiales se iniciaría en los próximos días.
«Hemos presentado un sinfín de pruebas y ofrecido 45 testigos para demostrar que la señora Jeanine Áñez ha presidido un Gobierno constitucional transitorio y apegado a la norma», dijo a radio Erbol el abogado Luis Guillén del equipo jurídico que defiende a la exgobernante.
El juicio, centrado en presuntas violaciones constitucionales ocurridas en la autoproclamación presidencial de Áñez en noviembre de 2019, tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), podría instalarse la próxima semana en un tribunal penal ordinario de La Paz, según anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Guillén dijo que entre los testigos anotados por la defensa figuran las expresidentas del Senado Adriana Salvatierra y Eva Copa, ambas del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
Salvatierra renunció públicamente durante la crisis, pero el Senado no había considerado esa dimisión cuando Áñez, quien era segunda vicepresidenta, se autoproclamó presidenta camaral sin voto de aprobación, el 12 de noviembre de 2019, y anunció luego en un hemiciclo casi vacío que asumía la presidencia transitoria del Estado.
Los defensores de Áñez arguyeron varias veces que esta «sucesión» fue constitucional porque el país estaba ante un vacío de poder, pero el MAS sostiene que militares y policías impidieron con gran despliegue de fuerzas que el parlamento se reúna para considerar las sucesivas renuncias de Morales y Saltvatierra.
Copa, por su parte, asumió la presidencia del Senado después de la autoproclamación de Áñez y cuando esta cámara conoció y aceptó formalmente la renuncia de Salvatierra.
Otros testigos señalados por el defensor de la exmandataria son el obispo católico Aurelio Pesoa, representante de la Conferencia Episcopal, y el entonces líder parlamentario opositor Oscar Ortiz, además de varios políticos que participaron en negociaciones que dieron paso a la asunción de Áñez.
El abogado añadió que la defensa ha presentado además, en el proceso de investigación que realizó la fiscalía, decenas de pruebas documentales incluidas leyes promulgadas por Áñez, que están en vigencia, y publicaciones en medios de comunicación.
La fiscalía, por su parte, ha anotado una veintena de testigos aunque, según el abogado Marcelo Valdez de la parte civil, la acusación será sustentada principalmente con documentos.
«La acusación es por resoluciones o actos contrarios a la Constitución, además de incumplimiento de deberes, se trata principalmente de documentos que constituyen prueba directa de delitos que solo pueden ser cometidos por funcionarios, como los acusados», sostuvo Valdez.
Precisó que el juicio inminente se refiere a «las forma en que Áñez tomó el poder, apoyada no solo por políticos y otros civiles sino por jefes militares y policiales», estos últimos también acusados.
En un proceso paralelo por el mismo golpe, la fiscalía prepara acusación formal contra políticos que actuaron en la asunción presidencial de Añez.
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