Tan solo 24 horas después del asesinato del líder social colombiano Álvaro Barragán Peña, dos individuos no identificados ingresaron a la vivienda familiar, donde se celebraba el velorio, y mataron a tiros a su esposa. El doble crimen se produce en medio de la ola de violencia que vive el departamento colombiano de Arauca.
El asesinato de Rosalba Carmenza Tarazona Ortega tuvo lugar en la vereda La Pava del municipio de Saravena, y fue confirmado por el comandante de la Policía de Arauca, Fredy Ferney Pérez Pérez, quien informó que los presuntos responsables del crimen fueron dos desconocidos armados que se encuentran prófugos.
En el momento del crimen, la mujer y su familia participaban del velorio de Barragán Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión, quien fue asesinado un día antes –el martes– por hombres armados en el municipio de Tame.
Entonces, las autoridades reportaron que la Policía Nacional junto a la Fiscalía habían activado «la ruta de detención y órdenes de policía judicial» para dar con los presuntos autores del hecho.
Con la muerte de Peña Barragán suman doce los líderes sociales asesinados en Colombia, a menos de un mes del inicio de 2022. El año pasado cerró con una cifra de 152 defensores de los derechos humanos ultimados, según el registro propio de Indepaz.
La dramática situación humanitaria que se registra en el departamento colombiano de Arauca —región fronteriza con Venezuela— desde principios de año ha encendido las alarmas del Sistema Integral para la Paz de Colombia, que ha realizado un llamado urgente al Gobierno de Iván Duque para promover un diálogo entre los grupos armados responsables del recrudecimiento del conflicto interno.
La situación, que empezó el pasado 2 de enero, se ha intensificado debido a que los grupos armados irregulares, especialmente las disidencias de las FARC y el ELN, han retomado los enfrentamientos por el control de los territorios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital y Cubará, esta última una región del departamento de Boyacá, vecina a Arauca.
En estos territorios, que han sido los más afectados, se han registrado en lo que va de año más de 1.000 personas desplazadas. Además, se contabilizan alrededor de 40 asesinados de civiles, varios secuestros, confinamientos forzosos de las comunidades indígenas, así como amenazas contra líderes sociales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y firmantes de los acuerdos de paz que están en proceso de reincorporación.
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