El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia provocó gran conmoción, ya que se trata de un crimen trasnacional que altera la política de los dos países y que demuestra el grado de organización de quienes planearon y llevaron a cabo la ejecución.
Pecci, de 45 años, murió el lunes pasado luego de que dos sicarios que se transportaban en motos acuáticas se acercaran hasta la playa privada de un hotel en la isla Barú, ubicada a 38 kilómetros al sur de Cartagena, en donde el fiscal se encontraba de luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, quien le acababa de contar que está embarazada.
De hecho, como se trataba de un viaje de placer y no de trabajo, ni siquiera la embajada de Paraguay en Colombia sabía que Pecci se encontraba en ese país y que no contaba con ningún tipo de custodia, a pesar de que se trataba de un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En cuanto se confirmó la muerte del fiscal, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, condenó el crimen en sus redes sociales.
«El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya», aseguró al garantizar que reforzará la lucha en contra del crimen organizado.
El presidente colombiano, Iván Duque, por su parte, repudió la ejecución y reveló que ya se había comunicado con Abdo Benítez para acordar una cooperación binacional que permita encontrar a los asesinos.
Anunció, además, que en Colombia el caso quedará a cargo del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, quien viajó de inmediato a Cartagena. Ahí definió al fiscal como «un héroe mundial en la lucha contra el delito» y señaló que ya se había comunicado con la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, para coordinar la investigación.
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