Este miércoles, la Policía de Sri Lanka recibió ordenes para disparar sin aviso previo contra los manifestantes a fin de mantener el orden y evitar saqueos en el país, desgarrado por violentas protestas contra la gestión gubernamental de la crisis económica, que estallaron en la nación isleña a finales de marzo.
La pandemia del covid-19 paralizó el sector turístico, que de 4,4 millones de dólares durante su primer auge en 2018 saltó en 2021 a 200 millones de dólares para luego caer drásticamente.
Según el ministro de Finanzas, Ali Sabry, los crecientes precios del petróleo, que superan los 100 dólares por barril, son otra de las causas de la precaria situación económica.
En marzo, la inflación en Sri Lanka alcanzó a 18,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que las autoridades anunciaron que solicitarán un rescate del Fondo Monetario Internacional para resolver su creciente crisis de deuda externa y reforzar sus reservas exteriores.
No obstante, a principios de abril el Gobierno se vio obligado a declarar el impago de la totalidad de esa deuda, que asciende a unos 51.000 millones de dólares. En mayo, reveló también que las reservas internacionales a las que puede acceder Sri Lanka no llegan a 50 millones de dólares.
Tras los enfrentamientos, que se saldaron con 53 detenidos, las autoridades decretaron toque de queda en Colombo y el 3 de abril declararon estado de emergencia nacional. Al día siguiente, todos los miembros del Gabinete ministerial presentaron su dimisión.
Junto con exigencias de formar un nuevo Gobierno, las protestas se extendieron por todo el país. El pasado 6 de mayo, el presidente de la nación volvió a declarar estado de emergencia y otorgó a las fuerzas del orden la autoridad para detener a todo sospechoso.
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