Una comisión del Congreso de Perú que investiga al presidente Pedro Castillo por presunta corrupción en su gobierno recomendará una acusación constitucional en su contra, lo que puede acarrear un pedido de destitución del cargo al que llegó hace 11 meses, reportó este miércoles la prensa.
«La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone a la Comisión Permanente del Congreso que al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones», señala en sus conclusiones el grupo de trabajo.
El informe final de la Comisión, de mayoría opositora, será debatido este jueves entre sus integrantes pero su aprobación se da por descontada.
Partes del documento han sido reproducidas por varios medios, como el diario El Comercio y la radio RPP, entre otros. El informe acusa al gobernante izquierdista «de la presunta comisión del delito de organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo».
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, rechazó el trabajo de la comisión y cuestionó su imparcialidad. «Es un informe político, no jurídico. Es absolutamente grave que la comisión concluya que (el presidente de la República) está involucrado en actos de corrupción y recomiende su destitución», dijo el abogado a la radio RPP.
Si el pleno del Congreso, dominado por la oposición derechista, aprueba el informe se abre la vía para un tercer pedido de vacancia (destitución) de Castillo, quien lleva 11 meses en el poder.
El caso que ha puesto al presidente bajo la lupa de los legisladores es el mismo por el cual lo indaga la fiscalía, un hecho sin precedentes en Perú.
El ministerio público investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia pues tiene inmunidad como jefe de Estado. Su mandato concluye en 2026.
Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
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