República Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la acusación formal que presentó contra el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros 40 imputados en el caso Medusa, sostiene que las acciones cometidas por Rodríguez y sus cómplices para lucrarse con dinero del Estado, no solo consistían en amañar los procesos de licitación, sino que, además, robaron identidades, falsificaron decenas de documentos y hasta la firma de un perito internacional.
La afirmación está detallada en la acusación formal que presentaron los fiscales anticorrupción, en cuyo documento se relatan las supuestas maniobras realizadas para desviar dinero.
En las investigaciones, la Pepca determinó que la estructura de crimen organizado de la que presuntamente el exprocurador era el cabecilla, falsificó, suplantó y alteró decenas de documentos públicos, como parte de su plan para poder sustraer los fondos de las cuentas de la Procuraduría.
Asimismo, indica que, por ejemplo, falsificaron por imitar la firma del presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General en las actas de la celebración de las reuniones, en las cuales se debían tomar las decisiones para el desarrollo de los procesos de compras y adjudicaciones.
En el documento precisan que no solo falsificaron la rúbrica del referido funcionario, sino que, también, digitalizaron la firma para posteriormente cortar el recuadro donde estaba y pegarla o superponerla en una serie de documentos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República.
“Estas prácticas formaban parte de las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por la estructura de criminalidad organizada que manejaba los procesos de compras de la institución para favorecer de manera particular a entidades que guardaban vínculos con los principales miembros de la estructura, y otras a la cuales exigían soborno para adjudicarles las obras por medio de los procedimientos de Licitación Pública Nacional”, dicen los fiscales.
Otras de las falsificaciones, dicen que ocurrió en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que es una dependencia de la Procuraduría, el cual, añaden, también fue objeto del mismo esquema de soborno, falsificaciones y ambición del entramado criminal.
En el documento precisan que con el objetivo de tener mayores “márgenes de ganancia”, los miembros de supuesta red falsificaron la firma de un perito internacional al que contrataron, pero no le culminaron su pago. La adulteración de la rúbrica, indica, era para justificar la adjudicación sobre un informe pericial falso.
