La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del exprocurador general Jesús Murillo Karam, por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con la indagatoria, Murillo Karam, quien permanece en prisión por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, estaría además relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acusación lo señala como miembro de una empresa familiar en la que están como socios sus hijos, un sobrino y un yerno que resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando era el titular de la extinta Procuraduría General de la República.
Entre 2013 y 2015, esa compañía obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en ese momento tenía como titular a Gerardo Ruiz Esparza.
En el período referido, Murillo Karam tenía como secretario al hijo de Ruiz Esparza, por lo que la UIF considera que se pudo tratar de un «esquema de contraprestaciones mutuas, en la que a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar».
UIF detalló que en 2017 Murillo Karam recibió 2,8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero. Además, entre 2020 y 2021 depositó en otros países 26,5 millones de pesos (1,3 millones de dólares) en cuentas propias, recursos que no declaró al fisco.
Aparte del presunto lavado de dinero, Murillo Karam habría incurrido en tráfico de influencias y defraudación fiscal.
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