República Dominicana. – El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, sometió un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del Código Penal para aplicar la castración química a los condenados por violación sexual a menores de edad, personas en estado de inconciencia, incesto y muerte por agresión sexual.
La pieza dispone que la castración química será voluntaria, pero en los casos de reincidencia del delito, el tratamiento será obligatorio «al suponer que el individuo es un peligro para la sociedad».
El Tratamiento Hormonal Voluntario (THV) o castración química deberá ser acompañado de terapias psicológicas o psiquiátricas para el condenado, que deberán ser promovidas desde el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República (PGR).
«El Estado debe disponer la castración química a quienes lo soliciten voluntariamente mientras cumplen condena, previo tratamiento terapéutico y con informes médicos», establece el artículo nueve del proyecto, pero reiterando que la castración será obligatoria si se repite el delito cuando se cumpla la pena.
La misma pieza legislativa plantea que aquellos que decidan voluntariamente aplicarse la castración química, serán favorecidos con la reducción de la mitad de la pena, siempre con un acompañamiento psicológico previo.
El proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios de Tratamiento Hormonal Voluntario, que estará bajo la responsabilidad de la Procuraduría y del Ministerio de Interior y Policía.
Este registro, según el legislador, permitirá crear un monitoreo efectivo de los culpables del delito de violación para fines de control, reinserción social y asistencia.
En uno de los considerados redactados en el proyecto, se expone que toda sanción penal debe ir acompañada de una rehabilitación social del condenado, por lo que aplicar la castración química «ayuda a eliminar los impulsos sexuales que hacen delinquir» a los violadores.
El senador en su proyecto argumenta que «el THV (castración química) más que una pena, debe ser vista por las autoridades como una medida de seguridad», y detalla que países, como Colombia, México, Ecuador, Perú y Estados Unidos, aplican la técnica médica y obtienen «resultados eficaces»
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