El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, promulgó una ley que, entre otras cosas, prohíbe participar en reuniones en las que se debatan sanciones o boicots comerciales contra el país africano, comunicó este viernes el secretario jefe del presidente y del Gabinete zimbabuense, Misheck Sibanda.
La norma estipula como delito «perjudicar deliberadamente la soberanía y el interés nacional» si un ciudadano o residente permanente en Zimbabue, dentro o fuera del territorio del país, participa en actividades que ataquen al Gobierno de Mnangagwa, y la pena por infringirla puede ser de hasta 10 años de prisión.
Las autoridades de Harare, que llevan tiempo quejándose de las sanciones occidentales por las violaciones de derechos humanos y las prácticas corruptas del Gobierno zimbabuense, señalan que la ley promueve el patriotismo. «Este proyecto de ley no pretende restringir la existencia de partidos políticos, sino animar a los zimbabuenses a que amen a su país y dejen de denunciarlo», declaró Joseph Chinotimba, legislador del partido gobernante Zanu-PF.
El texto, aprobado el 31 de mayo pasado por la Asamblea Nacional, fue duramente criticado por la oposición y organizaciones de derechos humanos, que consideran que tiene como fin prohibir las críticas al Gobierno y reprimir a la disidencia antes de las próximas elecciones generales, programadas para agosto.
«Este proyecto es la ley más draconiana que hemos visto en Zimbabue», expresó Musa Kika, director del Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue. Por otro lado, el exministro de Finanzas, Tendai Biti, actualmente en la oposición, manifestó que «ni siquiera la Rodesia del ‘apartheid’ aprobó una ley tan repugnante», en referencia al nombre del país antes de independizarse del Imperio británico.
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