Abogados del gobierno del presidente Donald Trump elaboraron una justificación legal que avaló la operación militar de Estados Unidos destinada a capturar y remover del poder al mandatario venezolano Nicolás Maduro, al considerar que la acción no constituiría una guerra en el sentido constitucional y que respondía a intereses nacionales clave.
Así lo revela una versión ampliamente censurada de un dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, difundida esta semana, que detalla los fundamentos legales utilizados por la Casa Blanca para autorizar la sorpresiva operación militar ejecutada la noche del 3 de enero.
El documento, fechado el 23 de diciembre y preparado para el asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, sostiene que el presidente podía ordenar al ejército apoyar a las fuerzas del orden en la detención de Maduro para someterlo a un proceso penal en Estados Unidos. La opinión fue redactada por abogados de la Oficina de Asesoría Legal, instancia encargada de resolver asuntos constitucionales complejos dentro del poder ejecutivo.
Según el dictamen, la decisión se sustentó en cinco argumentos principales, entre ellos las acusaciones “graves” de conspiración para el narcotráfico presentadas contra Maduro, así como otras actividades consideradas altamente peligrosas atribuidas a su entorno. También se mencionó la necesidad potencial de emplear fuerza militar para proteger a civiles, tanto en Venezuela como en el extranjero, y la posibilidad de enfrentar resistencia armada durante la operación.
El informe advierte que se estimaba la presencia de hasta 200 guardias armados protegiendo al líder venezolano en una instalación fortificada, presuntamente respaldados por otro país, lo que —según los abogados— justificaba el despliegue militar para garantizar la seguridad del personal encargado de la captura.
Aunque el documento reconoce riesgos significativos asociados a una acción de esta naturaleza, los asesores legales concluyeron que la probabilidad de que derivara en un conflicto armado de gran escala que requiriera autorización del Congreso era baja. También señalaron que no existían planes de contingencia para una ocupación militar de Venezuela ni para una intervención prolongada en caso de disturbios internos tras la remoción de Maduro.
El dictamen subraya, además, que el hecho de que el presidente esté facultado legalmente para ordenar una operación no implica que cualquier uso de la fuerza sea automáticamente legal, por lo que las acciones debían ejecutarse de manera razonable y conforme al derecho.
La revelación del documento ha intensificado el debate político en Washington. Legisladores republicanos afirmaron no haber sido informados previamente de la incursión, mientras que el Senado aprobó recientemente una resolución destinada a limitar futuras acciones militares contra Venezuela, medida que el presidente Trump ha intentado frenar dentro de su propio partido.
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