La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, extendió por ocho meses el plazo de investigación contra la presidenta, Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales que se generaron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
También están incluidos el premier, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo Arana; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el titular de Interior, Vicente Romero Fernández, y los exministros de la misma cartera César Augusto Cervantes y Víctor Rojas Herrera.
Todos son investigados por supuesto delito de genocidio y homicidio calificado. Según informa el diario La República, la Fiscalía tomará declaración a 27 familiares de las víctimas, además de personas que resultaron heridas y testigos de lo ocurrido.
La decisión se tomó en víspera de que venciese el plazo para que Benavides comunicase si presentaba una denuncia constitucional contra la mandataria.
En el marco de la investigación, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien contradijo las declaraciones de la presidenta y aseguró que ella sí tenía conocimiento de las «acciones militares», volverá a testificar.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se desató una ola de manifestaciones en todo el territorio nacional, donde miles de personas tomaron las calles para exigir la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, después de la destitución y encarcelamiento del mandatario Pedro Castillo.
La Policía Nacional, en coordinación con efectivos militares, reprimieron estas movilizaciones, mayormente en las provincias. El saldo fue de al menos 67 muertes, de las cuales, 49 se dieron tras enfrentamientos con las fuerzas del orden.
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La contradicción en las declaraciones entre la presidenta y el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas genera desconfianza en las instituciones y la credibilidad del gobierno.
La investigación por supuesto delito de genocidio y homicidio calificado contra la presidenta y otros funcionarios también podría ser vista como una movida política.
Como se llama ese tipo de política, acaba con la oposición
La extensión del plazo de investigación contra la presidenta y otros funcionarios puede percibirse como un abuso de poder por parte de la Fiscal de la Nación.
La destitución y encarcelamiento del mandatario Pedro Castillo desencadenó estas manifestaciones y la subsiguiente violencia, lo que muestra la complejidad del contexto político en Perú.
Las protestas que ocurrieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y la represión resultante conllevando a numerosas muertes son un recordatorio de la gravedad de la situación.
La contradicción entre el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y la presidenta es un elemento clave en este caso.
La toma de declaración a 27 familiares de las víctimas, heridos y testigos de los acontecimientos demuestra la seriedad de la investigación.
La inclusión de varios altos funcionarios, incluyendo la presidenta Dina Boluarte, en la investigación por genocidio y homicidio calificado es un asunto de gran relevancia.
La extensión del plazo de investigación por la Fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, en el caso de las protestas antigubernamentales es un desarrollo importante.
Todos saben que como en otras ocasiones, esas Investigaciones no llegarán a ningún lado